La reunión efectuada ayer por la tarde entre representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y funcionarios de las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social se vio opacada por la ausencia del recién nombrado titular de la primera dependencia, José Francisco Blake Mora. Durante el encuentro, la dirigencia sindical reiteró a las autoridades su voluntad de negociar y solicitó una audiencia con el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En los nueve meses transcurridos desde la extinción, vía decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los intentos gubernamentales por hostilizar y debilitar al movimiento que encabeza el SME, que cuenta con el respaldo de distintos sectores de la sociedad organizada, han tenido el efecto de profundizar un conflicto generado por las propias autoridades. La coyuntura que plantea el relevo reciente al frente de Gobernación parece propicia para que el gobierno dé un viraje en su actitud de beligerancia y confrontación con los trabajadores de LFC, y resulta desalentador, por ello, que el nuevo titular de esa cartera no haya asistido a la reunión con los representantes de ese gremio. Tal ausencia, por añadidura, hace inevitable preguntarse si acaso Blake Mora no ha podido –a más de 48 horas de su nombramiento– tomar plena posesión de su encargo y atender asuntos de importancia central, como el referido.
Ayer mismo, en lo que debe interpretarse como un nuevo gesto de distensión, las autoridades capitalinas y la dirigencia sindical acordaron suspender las movilizaciones que ha venido realizando ese gremio en días recientes. Tal decisión, sin embargo, está condicionada a que haya un avance en la mesa de negociación con el gobierno federal, según expresó el dirigente del SME, Martín Esparza, y ello coloca a la administración calderonista ante una disyuntiva: corresponder a esa disposición al diálogo o sembrar nuevos obstáculos a las perspectivas de solución del conflicto. Un precedente ineludible al respecto es la actitud del gobierno federal de torpedear en meses anteriores los esfuerzos de la comisión de notables –integrada por el rector de la UNAM, José Narro; el ex director del Politécnico, Enrique Villa, y los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD en el Senado– para buscar una salida al conflicto.
Sería lamentable que esa conducta se repitiera ahora, cuando los esfuerzos del gobierno citadino y la organización sindical se han traducido en la apertura de un compás de espera para negociar. La continuidad de la cerrazón y la sordera del grupo gobernante no sólo resulta, en esta circunstancia, elemento impresentable desde el punto de vista político; también lo es por elementales razones humanitarias, habida cuenta del estado de salud crítico que enfrentan varios trabajadores del SME luego de meses de ayuno, en especial Cayetano Cabrera.
En el momento actual se requiere, en suma, que el gobierno federal cobre conciencia de los riesgos que implica la persistencia de las tensiones con los trabajadores de LFC, contenga el carácter beligerante de algunos de sus colaboradores y se disponga a buscar, junto con la dirigencia sindical, una salida consensuada. Es pertinente recordar que el principal obstáculo para la resolución de este conflicto no es de índole financiera, como insistió el gobierno en los días posteriores al decreto de extinción, y ni siquiera legal, sino de voluntad política.
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a reunión efectuada ayer por la tarde entre representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y funcionarios de las secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social se vio opacada por la ausencia del recién nombrado titular de la primera dependencia, José Francisco Blake Mora. Durante el encuentro, la dirigencia sindical reiteró a las autoridades su voluntad de negociar y solicitó una audiencia con el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En los nueve meses transcurridos desde la extinción, vía decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los intentos gubernamentales por hostilizar y debilitar al movimiento que encabeza el SME, que cuenta con el respaldo de distintos sectores de la sociedad organizada, han tenido el efecto de profundizar un conflicto generado por las propias autoridades. La coyuntura que plantea el relevo reciente al frente de Gobernación parece propicia para que el gobierno dé un viraje en su actitud de beligerancia y confrontación con los trabajadores de LFC, y resulta desalentador, por ello, que el nuevo titular de esa cartera no haya asistido a la reunión con los representantes de ese gremio. Tal ausencia, por añadidura, hace inevitable preguntarse si acaso Blake Mora no ha podido –a más de 48 horas de su nombramiento– tomar plena posesión de su encargo y atender asuntos de importancia central, como el referido.
Ayer mismo, en lo que debe interpretarse como un nuevo gesto de distensión, las autoridades capitalinas y la dirigencia sindical acordaron suspender las movilizaciones que ha venido realizando ese gremio en días recientes. Tal decisión, sin embargo, está condicionada a que haya un avance en la mesa de negociación con el gobierno federal, según expresó el dirigente del SME, Martín Esparza, y ello coloca a la administración calderonista ante una disyuntiva: corresponder a esa disposición al diálogo o sembrar nuevos obstáculos a las perspectivas de solución del conflicto. Un precedente ineludible al respecto es la actitud del gobierno federal de torpedear en meses anteriores los esfuerzos de la comisión de notables –integrada por el rector de la UNAM, José Narro; el ex director del Politécnico, Enrique Villa, y los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD en el Senado– para buscar una salida al conflicto.
Sería lamentable que esa conducta se repitiera ahora, cuando los esfuerzos del gobierno citadino y la organización sindical se han traducido en la apertura de un compás de espera para negociar. La continuidad de la cerrazón y la sordera del grupo gobernante no sólo resulta, en esta circunstancia, elemento impresentable desde el punto de vista político; también lo es por elementales razones humanitarias, habida cuenta del estado de salud crítico que enfrentan varios trabajadores del SME luego de meses de ayuno, en especial Cayetano Cabrera.
En el momento actual se requiere, en suma, que el gobierno federal cobre conciencia de los riesgos que implica la persistencia de las tensiones con los trabajadores de LFC, contenga el carácter beligerante de algunos de sus colaboradores y se disponga a buscar, junto con la dirigencia sindical, una salida consensuada. Es pertinente recordar que el principal obstáculo para la resolución de este conflicto no es de índole financiera, como insistió el gobierno en los días posteriores al decreto de extinción, y ni siquiera legal, sino de voluntad política.
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