En décadas recientes, a la par de la aplicación y consolidación en México del modelo neoliberal y con el apoyo de los sucesivos gobiernos a partir del de Salinas de Gortari, el sistema de seguridad social en general, y el de salud pública en particular, han experimentado un profundo deterioro derivado del estrangulamiento presupuestario, el aniquilamiento de la industria y el trabajo formal, y el sistemático retiro del Estado en diversos ámbitos y potestades.
El pasado jueves, en el contexto de un encuentro organizado por la Fundación Mexicana para la Salud, el secretario José Ángel Córdova Villalobos insinuó lo que puede leerse como la profundización de ese proceso: el funcionario abrió la posibilidad de que en el futuro haya un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular. Adicionalmente, Córdova Villalobos adoptó la propuesta del sector privado de que, luego de que se alcance la cobertura universal de los servicios médicos, el siguiente paso sea llevar a cabo una gran reforma para que los mexicanos paguen por la atención clínica que reciban a través de impuestos generales, lo que implicaría la eliminación de las cuotas obrero-patronales de la seguridad social.
Las declaraciones son por lo menos inquietantes. Con ellas, el gobierno federal no sólo hace suyas las reivindicaciones empresariales de la eliminación de las aportaciones referidas en perjuicio de la carga impositiva de la gente, sino que también deja abierta la posibilidad de un golpe –acaso demoledor– al sistema de seguridad social vigente. Por añadidura, al no dejar en claro en qué consistirá la homologación en los servicios de salud a cargo del Estado –si se retomará el modelo del IMSS, que contempla la atención de todo tipo de enfermedades, o el del Seguro Popular, limitado al diagnóstico y tratamiento de los padecimientos más comunes– el funcionario incurre en una omisión grave: la superación de los rezagos en servicios de salud no sólo pasa por incrementar nominalmente la cobertura de los mismos, sino, ante todo, por lograr que éstos sean de calidad, y esto no parece posible en la medida en que se retome el ejemplo del Seguro Popular: un esquema de atención individualizado, demagógico y empleado incluso con fines electorales, que no garantiza, por añadidura, el acceso a los servicios médicos que requiere la población, como han señalado especialistas e integrantes de diversas organizaciones sociales.
En suma, es necesario que el gobierno federal esclarezca las interrogantes que se desprenden de lo que expuso su secretario de Salud. Las decisiones relacionadas con la salud pública y la seguridad social, dada su importancia, no pueden ser tomadas de manera unilateral y de espaldas a la población ni mucho menos con base en intereses particulares; para ello se requiere, en cambio, de un amplio consenso político y social, así como del respeto a la premisa fundamental de que la principal riqueza de un país está en su población.
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