Protege el estado mexicano a un delincuente canadiense en contra de un niño mexicano y de su madre mexicana. De esto trata la presente historia.
Ayer, 14 de junio, a las 9:00 AM, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, Valerie Cárdenas fue detenida con lujo de violencia, por agentes de la AFI, cuando salía del Juzgado 4° de lo Familiar del Estado de Morelos, después de haber presentado a su hijo Diego, de 5 años de edad, ante el juez, como lo hace cada martes debido a un juicio de amparo contra un proceso que pide la restitución de Diego a Canadá, y que se lleva a cabo desde junio de 2008.
La historia es dramática: es la historia de una ciudadana mexicana cuyos derechos han sido violados y a quien el estado mexicano ha dejado en la indefensión total. Habiendo sido despojada de sus teléfonos por agentes de la AFI para impedir que se comunicara con su abogada y sus familiares, fue subida a empellones a una patrulla junto con su hijo y trasladada a la Ciudad de México para presentarla en el Juzgado 13 de lo Familiar, donde Thomas Konigshtal y su abogada la esperaban.
Todo empezó hace ocho años. Valerie vivió en Montreal, donde trabajaba en el Consulado de México luego de haber concluido su licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM. Ahí se enamoró de Thomás Konigsthal, un fotógrafo canadiense sin ingresos fijos que resultó adicto a las drogas, con quien procreó a Diego, que nació el 5 de junio de 2006 y quien ha vivido en México desde que cumplió los 18 meses, debido a que el padre no tenía recursos para mantenerlos, por lo que Valerie y Thomas vinieron a México en diciembre de 2007 a buscar trabajo. Thomas no “se halló”, así que regresó en enero de 2008 a Canadá y, sorpresivamente, acusó a la madre de Diego de secuestro, con una campaña en los medios televisivos de aquel país, además de emprender un juicio de restitución en México, por el que Diego tendría que ser deportado a Canadá de conformidad con lo establecido en convenios internacionales.
Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, concretamente el Emb. Daniel Hernández Joseph, director de Protección a Mexicanos en el Exterior y el Lic. Johannsen Jácome, director de Derecho de Familia, en lugar de proteger los derechos de una madre y un niño mexicano, amparados también por instrumentos internacionales que velan por “el mejor interés del niño”, han permitido, a través del Juzgado 13 de lo Familiar, de Eduardo Vélez Arteaga, que Diego sea arrancado de los brazos de su madre, quien lo ha mantenido absolutamente, dado que su padre se ha desatendido de su hijo desde su nacimiento, violentando incluso un amparo vigente a favor de Valerie.
Pese a esa suspensión temporal derivada del juicio de amparo que fue otorgada por la juez federal Griselda Sáenz, del Juzgado 4° de Distrito desde junio de 2009, la abogada mexicana de Thomas Konigsthal, de nombre Rosalinda Ruiz (quien por cierto intenta sorprender al poder judicial y a quien quiera oírla, ostentándose como compañera de generación de Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho), falsificando documentos y mediante fraude procesal, logró que los agentes de la AFI acataran la orden –ilegal– de “asegurar” a Diego y detenerlo en la oficina de la citada abogada de dudosa reputación, situada en la calle de Dr. Lucio # 176- depto 1, de la Col. Doctores. ¿Esta acción ilegal y violenta se ha tomado en el mejor interés de Diego? Y si lo deportan, ¿está en su mejor interés vivir fuera de México, alejado de su madre que ha velado por él desde siempre, arrancado de su medio afectivo y escolar, y donde ha vivido los últimos 3 años y medio de su vida, de los apenas 5 que cumplió recientemente? Y, su padre, ¿podrá mantenerlo, demostrar su solvencia económica y moral para garantizar el bienestar del niño? Diego sólo habla español, aunque su madre le ha procurado una educación esmerada en el Jardín de Niño del Liceo Franco Mexicano de Coyoacán. ¿Vivir en Montreal puede considerarse que está en el mejor interés de Diego, si ni siquiera habla el idioma, y con un padre drogadicto, que vive sólo y que no se ha ocupado de él en forma alguna desde su nacimiento? No existe ningún familiar en Montreal que pudiera supervisar el bienestar de Diego.
Los exámenes toxicológicos para probar la adicción a la marihuana del sr. Konigsthal, que fueron solicitados en el Juzgado 4 de Cuernavaca, no se han llevado a cabo. Los informes de ingresos y solvencia económica y moral, tampoco se han presentado ante el juez. El Sr. Konigsthal ha ignorado además la orden del juez 4° de pagar la pensión alimenticia a que está obligado. ¿Cómo puede entonces el estado mexicano permitir que Diego se vaya con su padre, sin garantizar sus derechos, y los de su madre?
El amparo existente se ha ignorado. La ley se ha violado reiteradamente a lo largo de este proceso, que mañana miércoles 15 de junio quizá llegue a su fin, con la sentencia que dicte el Juez Eduardo Vélez Arteaga, del Juzgado 13 de lo Familiar, quien al parecer ha recibido presiones externas para apoyar a un ciudadano canadiense violentando los derechos de un niño mexicano, Diego, y de su madre, también mexicana, Valerie Cárdenas.
Esto ocurre justo cuando Felipe Calderón acaba de expresar su respaldo a las modificaciones que refuerzan la Ley de Amparo, que es orgullo del sistema legal mexicano.
Mañana sabremos si el Juez Eduardo Vélez Arteaga hará o no prevalecer la ley.
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