Sería pésimo que el PRI insista en aprobar algo que no comparte nadie, señala Padierna

Hacer ver a Peña que no es momento de reforma laboral, pide la cúpula cetemista La minuta es una trampa de Calderón; busca introducir una iniciativa neoliberal gravísima: Bartlett Los senadores Francisco Domínguez (PAN), Javier Lozano (PAN) y Armando Ríos Piter (PRD), durante la sesión del jueves pasado en la sede de Reforma e InsurgentesFoto Carlos Cisneros Andrea Becerril y Víctor Ballinas Periódico La Jornada Sábado 13 de octubre de 2012, p. 7 Armando Neyra Chávez, senador del PRI y dirigente cetemista, pidió al coordinador de su bancada, Emilio Gamboa Patrón, que hable con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, y le haga ver que no es momento de aprobar la reforma laboral, proyecto en el que no están de acuerdo los trabajadores ni muchos empresarios. Un día antes, durante la reunión de las comisiones dictaminadoras, Neyra demandó que se retire la minuta enviada por la Cámara de Diputados con la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón. Entrevistado ayer, dejó claro que la petición la formuló en nombre del presidente del Congreso del Trabajo (CT), Joaquín Gamboa Pascoe, ya que esa iniciativa preferente no beneficia en nada a los asalariados del país. Consideró que el equipo de transición debe informar bien a Peña que las circunstancias políticas no son las mejores para discutir una reforma de esa magnitud. Sostuvo que todas las organizaciones del CT se han sumado a la postura de que no pase la propuesta de Calderón. En entrevista aparte, la perredista Dolores Padierna dijo que la reforma se perfila a naufragar y sería muy grave que el PRI insistiera en aprobar esa modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que no comparte nadie, ni los dirigentes sindicales priístas, por lo que se pronunció por tomarle la palabra a Neyra Chávez y comenzar la negociación en el Senado en torno a esa posibilidad. En igual sentido se pronunció el coordinador del PT, Manuel Bartlett. Lo mejor –expuso– es que se retire esa iniciativa y nunca más regrese, ya que es profundamente dañina para los trabajadores y para el futuro del país. Padierna destacó que toda la semana escucharon en audiencia a representantes de sindicatos del Congreso del Trabajo e independientes, así como a asesores jurídicos, académicos y empresarios, y la conclusión –dijo– es que la gran mayoría está contra esa reforma. Agregó que incluso legisladores del PRI con los que ha hablado no están de acuerdo en que se les obligue a defender una ley que no propusieron y por la que tendrán que pagar un costo muy alto. Dijo ignorar quién comparte en su totalidad esa propuesta, porque nadie está de acuerdo. Recordó que en la sesión del miércoles pasado, en la comisión dictaminadora se leyó una carta del presidente del CT, Joaquín Gamboa, en la que deja entrever que en la Cámara de Diputados la votaron en favor por disciplina, lo que es muy grave. Padierna destacó que una vez concluídas las audiencias, la próxima semana la Comisión de Trabajo va a comenzar a dictaminar y debe haber negociación política para determinar si se retira la reforma laboral. El PRD –detalló– considera que lo mejor es ver el tema con más calma, en un momento oportuno. Bartlett resaltó que la minuta es una trampa, porque todo el capitulado sobre democracia sindical “que Calderón le metió y lo presumió incluso en Estados Unidos, en realidad fue el señuelo para introducir una reforma estructural neoliberal gravísima, que acaba con el espíritu del Constituyente de tutelar los derechos de los trabajadores en el artículo 123 de la Carta Magna. Aclaró que los senadores del PT están en contra de toda la reforma laboral, y por ello valorarán si votan junto con el PAN y el PRD la modificación a uno solo de los capítulos, el que tiene que ver con democracia sindical. Bartlett insistió en que de no frenar el proyecto queda el recurso de que se amparen todos los afectados, ya que el proceso legislativo por el que se procesó la propuesta preferente es anticonstitucional. No descartó la posibilidad de que se interponga una acción de inconstitucionalidad, aunque para ello se requiere el voto de 33 por ciento de los senadores.