No es la primera vez que se dice. De eso se acusó hace más de un año a Germán Martínez, entonces dirigente nacional del PAN. Ayer Fidel Herrera, gobernador de Veracruz, denunció al gobierno federal por el uso “abierto y descarado” de programas sociales con fines electorales, de lo cual se habla cíclicamente antes de cada votación. Pero además dijo que hay una costumbre de designar como delegados de dependencias federales a “candidatos derrotados”, lo cual, expresó, genera que los programas sociales se desvirtúen. Tal cual: no es la primera vez que se pone el dedo en esa llaga. Se ha dicho que en muchos estados las delegaciones federales funcionan como una estructura paralela del PAN: son, acusan, cajas de resonancia de actos de gobierno, o premios de consolación para perdedores en las elecciones internas, o de plano extensiones del presidente del CEN panista en turno. Quizás los datos de Fidel Herrera tengan sesgo partidista porque es un hombre fuerte dentro del PRI (apenas este fin de semana se descartaba para dirigirlo, y dio un espaldarazo a Beatriz Paredes). Pero a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales han llegado denuncias desde hace tiempo contra los delegados del gobierno federal de las que nunca de los nuncas se vuelve a saber más nada.
El fin de semana, los empresarios de Chihuahua pusieron el grito en el cielo. A 100 días del inicio del supuesto programa de rescate de Ciudad Juárez (“Todos somos Juárez, siempre y cuando no vivamos en Juárez”, diría Carlos Monsiváis), no hay resultados qué ofrecer. Cien días. Más de tres meses. Nos cuentan que los líderes de las cúpulas empresariales están muy preocupados porque, en sus propias palabras, “bajaron las violaciones a los derechos humanos y se dispararon la extorsión y los secuestros exprés”. También nos enteran que se prepara un documento amplio, con nombres y apellidos, involucrados en estos crímenes. Quieren hacérselo llegar al presidente Felipe Calderón, ahora que la presión no lo obliga a visitar esa frontera. Ni para evaluar su propio programa.
Por cierto, datos de varias organizaciones alertan que el fenómeno de la extorsión se ha salido de ciudades como Monterrey, Juárez o Reynosa, y se ha vuelto nacional. Los cálculos indican que hemos alcanzado la tasa de millón de intentos de extorsión por año, de los cuales sólo se denuncia 5%. De ese breve porcentaje, 57% son vía telefónica y en 1.1% ocurre violencia. El 57.1% se hace desde la calle, 13.6% desde los reclusorios, 10.2% desde comercios y 4% desde viviendas. De acuerdo con cifras del grupo Multisistemas de Seguridad, 65% de los casos tienen motivación económica y se efectúan por lo regular en días festivos, en fines de semana y, agárrese que ya viene el verano, en periodos vacacionales.
Apunte final: La procuraduría mexiquense ofreció una disculpa a la familia Gebara Farah. Bien hará si, además, la extiende a las nanas, ahora sin empleo a causa de este gran escándalo. Será un acto de mínima justicia.
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