Que, después de la presentación que hizo ayer el encargado de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, sobre el caso Paulette, ningún otro funcionario mexiquense tocará el tema.
El objetivo de la exposición de Castillo fue cerrar mediáticamente el caso. Al menos eso se busca desde Toluca.
Que terminó mayo y el director de los Legionarios de Cristo, Álvaro Corcuera, no cumplió su promesa pública de buscar a varias de las figuras del grupo de víctimas de los abusos de Marcial Maciel.
Corcuera anunció en marzo que vendría a México en mayo para buscarlos y ofrecerles una disculpa a nombre de los Legionarios. No ocurrió así.
Que tampoco la Conferencia del Episcopado Mexicano cumplió.
El estudio sobre la pederastia en México que la CEM daría a conocer en mayo no se hizo público, porque se consideró que el momento no sería el mejor.
¿Pues cuál será el mejor momento para difundir un documento de abuso sexual de sacerdotes católicos a niños?
Que la dirigencia de la priista CNC, que encabeza Cruz López, atraviesa por momentos tensos, luego de que para promover a su candidato a relevarlo, Gerardo Sánchez, citó a los líderes de las 32 ligas que conforman la organización.
Pero su poder de convocatoria va a la baja, ya que sólo se presentó una docena, pues hay un rechazo mayoritario a la intención de López de imponer a Sánchez.
Que luego de la detención de Gregorio Sánchez, su equipo de campaña organizó una encuesta telefónica para medir el impacto negativo que ésta tendría.
Los resultados lo convencieron de que victimizar al candidato del PRD en Quintana Roo podría redituarles electoralmente y darles unos cuantos puntos más en la elección del 4 de julio.
Que tras 144 horas de permanecer internado en el penal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, por fin este martes se definirá la situación jurídica del alcalde con licencia de Cancún, Gregorio Sánchez.
En la PGR existe cierta preocupación, pues su única carta fuerte es la indagación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda; sin embargo, la defensa del inculpado insiste en tener pruebas de que su cliente no recibe dinero del narco, sino de su negocio inmobiliario.
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