Ayer, al presentar un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el titular de ese organismo internacional, el ex secretario e Hacienda José Ángel Gurría, afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podría ahorrar hasta 36 por ciento del presupuesto que tiene asignado para la adquisición de medicamentos si evitara las prácticas de colusión de los proveedores, y señaló que la institución carece de un marco regulatorio que le permita sancionar en forma significativa a los proveedores que incumplen los contratos, por lo cual se ve obligada a realizar compras de emergencia, las cuales le significan erogaciones más costosas que las originalmente previstas.
Dicho en forma simple, ello implica que un tercio del dinero destinado a la compra de medicamentos se pierde en actos de opacidad, ineficiencia y corrupción. El señalamiento tiene la característica de ser formulado por el máximo funcionario de un organismo internacional que ha dictado, junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y en desdoro de la soberanía nacional, los principales lineamientos económicos seguidos por los gobiernos federales del ciclo neoliberal. Es decir, debiera revestir, en la lógica de los actuales gobernantes, una autoridad decisiva, y llevarlos a enfrentar el problema casi estructural de los desvíos de recursos en las áreas de compras y de asignaciones de contratos a proveedores externos en la dependencia referida y, por extensión, en todas las entidades del gobierno federal.
Significativamente, la declaración de Gurría tuvo lugar el mismo día que el Congreso de la Unión, por medio de su Comisión Permanente, exhortó a la administración calderonista a enviarle un informe detallado sobre la investigación en curso por la presumible corrupción en el proceso de construcción de la llamada Estela de Luz, en el que se incluya el desglose y la explicación de la diferencia de más de 700 millones de pesos entre el monto originalmente presupuestado para la erección de ese monumento y el total finalmente erogado, diferencia que podría implicar un desvío de recursos tan monumental, o más, que la propia edificación, y sobre la cual el gobierno federal no ha asumido una postura clara hasta el momento.
De acuerdo con un peritaje realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles, la administración que encabeza Felipe Calderón disminuyó la calidad originalmente prevista de la construcción –inaugurada el sábado último con precipitación por el propio Ejecutivo, tras un retraso de 15 meses–, pero invirtió en ella, en forma injustificada, casi el triple del presupuesto inicial, que era de 398 millones de pesos.
Hasta ahora, sin embargo, las acciones oficiales para corregir la situación se han limitado a formular denuncias penales contra cuatro funcionarios de rango medio, pero el gobierno se empecinó en seguir adelante con la edificación de la Estela de Luz a pesar de las flagrantes muestras de opacidad en el curso del proceso y a contrapelo de lo señalamientos de académicos y urbanistas que señalaron en su momento los defectos del proyecto.
Los dos casos mencionados –la pérdida de recursos en el IMSS y el presunto desfalco en la construcción de la Estela de Luz– son botones de muestra de la falta de voluntad política del gobierno actual para hacer frente al que sigue siendo, desde hace décadas, el principal y más agraviante problema de la administración pública: la corrupción.
El cambio de siglas y logotipos partidistas ocurrido en Los Pinos hace 11 años generó en muchos la expectativa de que, instalado en el gobierno federal, el panismo se empeñaría en contrarrestar la inveterada corrupción de las administraciones priístas. Por desgracia, ocurrió lo contrario: la opacidad en las oficinas públicas ha alcanzado, en la década anterior, niveles incluso mayores a los que ostentó durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, con todo y las turbias privatizaciones de empresas públicas, y de Ernesto Zedillo, quien orquestó un desfalco sin precedente al amparo del llamado rescate bancario.
No será, pues, sólo por las decenas de miles de muertos como será recordado el gobierno que termina el próximo 30 de noviembre, ni únicamente por sus saldos de desastre en materia de desempleo y de pobreza, sino también por la manera inescrupulosa en la que ha sido manejado el dinero de todos.
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