El cierre de la gira por el Edomex que realizó el Movimiento para la Transformación del país, conducido por López Obrador, coincidió con los toques finales al decreto de presupuesto para 2011. En Toluca, donde concluyó la primera parte de una larga y detallada gira, se buscó el contacto directo con la gente para compartir prioridades con vista a un futuro gobierno estatal. En la Cámara, siguiendo rituales acostumbrados, desfilaron los gobernadores ante los diputados para trasmitirles sus intereses. El esquema original del reparto, armado en la Secretaría de Hacienda, corrió por los cauces tradicionales de priorizar los compromisos establecidos por el sistema imperante. Dos formas distintas de visualizar y actuar en la política y la función pública. Una directa, en la plaza pública, para responder a las necesidades expresadas de viva voz por la población. La otra, intermediada por los representantes elegidos, se trasmuta en un complicado mecanismo que absorbe, casi en su totalidad, los intereses cupulares. El resultado no puede darse, entonces, de igual manera. Ni siquiera por similitud, sino que ambas rutas subrayan enormes diferencias cualitativas en el quehacer público.
El programa mínimo anunciado en Toluca por AMLO recoge múltiples voces que se oyeron, de manera urgida, sonora y hasta altisonante, en los diversos encuentros sostenidos durante la gira. El contenido del programa, expresado a descampado y en directo, quedó al albedrío de los asistentes al mitin final. Serán ellos quienes irán procesándolo en los días por venir y constituirá la base sobre la que podrán basar sus venideras decisiones electorales. Diez puntos concisos que resumen, de manera sencilla, tanto las intenciones de movimiento transformador para conducir las energías colectivas, como las aspiraciones populares de cambio real que le prestan materia. De la concordancia entre la formulación del programa y dichas aspiraciones dependerá, qué duda cabe, el apoyo de una parte sustantiva del electorado. Se espera, eso sí, que sea un conjunto lo bastante numeroso como para alcanzar el triunfo en las urnas. La propuesta irá perfilando, en los días y meses por venir, no sólo la ruta por la que se piensa transitar sino, también, el punto de llegada. Es decir, el modelo de sociedad y gobierno que se tiene como oferta política del movimiento. Una oferta que corre por dos vertientes simultáneas. Una que atiende a la justicia distributiva para construir una sociedad equilibrada y con oportunidades para todos. La otra que dotará al estado con un gobierno soberano. Esto implica que presidirá sobre los distintos grupos, facciones y sectores y no será, como ahora lo es, reo de los grupos de poder.
La oferta, por tanto, se diferencia de la situación que prevalece en el Edomex en ambas pretensiones. Primero, porque la distribución de los bienes y las oportunidades se viene administrando de manera por demás desigual, carece de equidad. Y, en segundo lugar, porque la independencia del gobierno ha quedado capturada, tanto por los privilegios de una gruesa burocracia de elite, como por distintos grupos de presión que lo maniatan y condicionan para que responda a sus intereses.
El decreto de presupuesto negociado a tironeos en la Cámara de Diputados es una réplica monótona de lo sucedido con anterioridad. Las prioridades que se enuncian en poco coinciden con las partidas que, en efecto, se destinan para cumplimentarlas. Los derechos sociales quedarán, una vez más, relegados ante otras asignaciones. Las variantes con años anteriores serán casi nulas. La parte sustantiva de los recursos ya están comprometidos con un gasto corriente creciente, oneroso e ineficaz y las obligaciones de deuda pública que siempre se han juzgado como inamovibles, aunque mucho tengan de injustas o mal integradas. Es por ello que, a pesar de los 3.5 billones de pesos que se proyectan como ingresos posibles, poco quede para la inversión real. La porción del presupuesto que constituye la feroz disputa de los poderosos es bastante menor: no llega a los 100 mil millones de pesos. En ellos se ensartan los afanes de control, manipuleo electoral y negocios de grupos o individuos. Sobre tales recursos fueron los gobernadores, y ahí radicaron las presiones de algunos sectores partidistas. Las carreteras son, en lo particular, los puntos sensibles del pleito. Y lo son porque dejan anchos márgenes de maniobra para ganar voluntades de opositores, para premiar y castigar a munícipes, para convertirlas en efectivo disponible para la coacción del voto.
Desde esta perspectiva se entiende el motivo que impele a los gobernadores, sobre todo a los que tienen delante elecciones y tiempos difíciles, para buscar la mayor tajada en el estira y afloja. Una amplia cartera de caminos rurales, vecinales o comunitarios garantiza, además, la liberación de recursos propios del estado que pueden ser empleados con fines y modos discrecionales. Y en eso concentraron las palancas a su disposición que, en el caso de Edomex, son muchas y bien situadas entre los diputados priístas. Pero el entusiasmo despertado entre la población por la alianza de izquierda que se ha venido definiendo, desde abajo y con la gente, abre perspectivas que no estaban contempladas por los estrategas del oficialismo, tanto del PAN como del PRI. Algo ha sucedido y el despertar de inquietudes va más allá de una simple erupción de buenos deseos. En realidad las condiciones en que se debate la población del Edomex han hecho posible el resurgir de entusiasmos y voluntades de cambio que abarcan un amplio espectro social. De la habilidad de esta alianza popular dependerá que se entable una contienda que puede marcar un rumbo distinto para un Edomex sitiado por el abandono de las necesidades de sus habitantes, las ambiciones desmesuradas y la manipulación.
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