Lo único que nos deja esta triste temporada de fin del otoño para entrar en el invierno es la confusión en el alto mando de la política presidencial y el ruido en el que debía haberse constituido en la fuerza dirigente de la oposición, no sólo al gobierno sino al régimen político-económico resultante de tanta transición sin fin. Juntos, el ruido y la torpeza mental, desembocan en la furia que rodea una política democrática despojada no sólo de adjetivos, como lo quiso la coalición dominante que emerge de la debacle del Estado en 1982, sino también de objetivos, como se ha mostrado una y otra vez en este decenio trágico no sólo en el frente de la economía y las finanzas, sino en el propiamente político, donde se teje la gobernanza y la estabilidad se cocina a fuego lento.
Ni el PAN que gobierna desde hace diez años, ni el PRD que manda en la capital de la República y debería haber encabezado el Poder Ejecutivo a partir de 2006, han sido capaces de forjar una visión política que pudiera conducirlos a la construcción de una nueva hegemonía en el Estado y en la economía. Despojado el primero del aliento civilista a la vez que reformador de las relaciones sociales que postulaban sus comunitaristas o quienes buscaban una ruta democristiana para el partido y el país, derivó en las vergonzantes alianzas de fin de siglo donde el desempeño del gobierno en turno era entendido como criterio único para otorgarle una legitimidad engañosa y, al final de cuentas, ilusoria.
Lo que hizo el panismo a partir de entonces fue forjar entendimientos políticos numismáticos con los grupos enfeudados en las cúpulas del capital quienes, además, en su mayoría, habían cambiado de piel oportunamente alejándose de la industria y concentrándose en el comercio grande y las finanzas especulativas o subordinadas al capital internacional que irrumpió a finales del siglo XX gracias a las costosas pataletas del presidente Zedillo. Se estrenaba así una nueva constelación burocrático-empresarial que la alternancia edulcoraría.
El papel del panismo como correa de transmisión del poder económico atrincherado en las roscas financieras o la representación del capital transnacional, fue afinado por Fox y su junta de gobierno, y quedó bien aceitado gracias a los buenos oficios del vicepresidente Gil Díaz y sus corsarios neoliberales que, como okupas posmodernos, se apoderaron de los corredores y los secretos de la Secretaría de Hacienda y tiraron la llave de entrada en el Canal de Desagüe. No le fue mal a los del gobierno de empresarios para empresarios en las primeras entradas del partido, pero ahora ven con melancolía cómo los del dinero se aconsejan y se alejan de ellos, porque su incapacidad para gobernar ha ido de la mano de su voracidad y devoción dilapidadora de cualquier tipo de capital político o fiscal que hubieren tenido a la mano, gracias a la generosidad de quienes desde el poder del Estado gestionaron y administraron la transición hacia una política bien domesticada por los nuevos modos de hacerles creer a los políticos que la transición los iba a llevar a constituir una nueva y diferente clase.
Del PRD y sus despropósitos se encargan ya sus propios náufragos y los que quedan parecen más bien dedicados a afilar cuchillos para la próxima vendetta y el siguiente carnaval autodestructivo, donde sea o vaya a ser, en Guerrero o Michoacán, y de poderse hasta en el Distrito Federal. Aparte de su debilidad moral y su jibarismo intelectual, las tribus que orondas no pierden oportunidad de regodearse en público como tales, han protagonizado una lamentable saga de renuncia a la política y negación de la visión y vocación de Estado, pero no para irse a las veredas del pueblo o la sociedad civil, sino para encontrar acomodo en las goteras e intersticios del propio aparato gubernamental, sin pretender en momento alguno imprimirle a su paso por el poder algún rasgo distintivo.
La continuidad lograda por la izquierda y el PRD en la capital de la República y Michoacán, como pudo haber ocurrido también en Zacatecas, no ha podido plasmarse en una forma de estar y gobernar que de modo eficaz convenza a los ciudadanos de fuera de esas entidades de que en efecto se trata de un curso nuevo y distinto, mejor o más promisorio que el seguido por el panismo o el priísmo antes y ahora. Los logros indudables de los gobiernos de Cárdenas Batel en Michoacán; Cárdenas Solórzano, López Obrador y Ebrard en el Distrito Federal, aparecen siempre opacados, cuando no sofocados, por las marrullerías insolentes y los excesos y abusos a que se han dado sus huestes y fauna de acompañamiento, nunca suficientemente aclarados y despejados por los grupos dirigentes.
Lo malo es que se ha tratado no de equivocaciones grandes o pequeñas en la conducción del gobierno o el diseño de proyectos o estrategias, sino de incursiones desfachatadas en el archiminado territorio de la honestidad pública, la honorabilidad en la disposición de recursos o la transparencia en la asignación de los mismos. En el pasado, tales prácticas eras vistas como parte de los usos y costumbres asociados al bien mayor del desarrollo y la tranquilidad, que la escalera priísta ofrecía como placebo a la desigualdad rampante y el monopolio del poder que caracterizaba a su régimen. Hoy, como lo podemos sentir ya y lo constataremos pronto, antes y después del 2012, la voz predominante en nuestra agotada sociedad civil clama por la justicia y la honestidad, así como por el resguardo de lo poco logrado en derechos humanos, pluralismo político y civilidad comunitaria.
Poca cosa ésta, sin duda, frente al inventario dantesco de nuestras carencias y desprotecciones, pero el mínimo común denominador para una nación que no está dispuesta a aceptar el indigno intercambio de favores y protección desde arriba por la pasividad y la resignación en el llano. Restauración no, pero regresión tampoco, parecen sonar los tambores.
Quizá, lo primero que habría que hacer frente a esto es exigir sin silencio ni concesiones a la táctica, que los diputados designen por consenso a los consejeros del IFE que faltan. A cambio, reclamar una revisión madura de sus emolumentos y gastos de operación para extenderlos luego a la Suprema Corte, el tribunal electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto es lo que nos dio la transición y debe ser protegido de la montonera en curso. Así, poco a poco, podríamos ir remozando el terreno de la disputa por el poder, acordarnos de la economía y la injusticia social imperante, y hasta convencer a los políticos y tripulantes de esta triste transición de que no son clase sino servidores públicos y mandatarios, nunca mandantes. Así, tal vez, el voto volvería a contar y los contadores a contarlo… como se debe.
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