Los más de 12 asesinatos de ediles y ex presidentes municipales impide a varios funcionarios estatales sacudirse el miedo
Ciudadanos han realizado marchas en respaldo a La Familia Michoacana y para exigir que las fuerzas federales salgan de la entidad. La imagen corresponde a una manifestación del pasado día 12Foto Ap
Arturo Cano
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 18 de diciembre de 2010, p. 7
Morelia, Mich., 17 de diciembre. A los jefes de La Familia les gustan las asambleas. Aunque tienen presencia en todo el estado, les place hacerlas en los municipios donde, según el gobierno federal y la voz popular, viven los meros principales. Los jefes, naturalmente, están siempre en movimiento en pequeñas comunidades de los municipios de Tumbiscatío, Apatzingán y Arteaga. Y ahí hacen sus asambleas con las fuerzas vivas de la región.
Hará cosa de 10 meses tocó el turno de los aguacateros. Ellos tienen el padrón de productores, y con él en mano mandaron llamar a todos los aguacateros, de cinco a dos mil hectáreas. Casi todos fueron, dice un habitante de Uruapan, la capital mundial de este fruto.
A esas reuniones, los agricultores ricos suelen mandar a sus empleados, cosa que está permitida. A cierta hora del día, se les cita para la tarde. Unos 10 kilómetros antes del lugar de la cita hay retenes donde se verifica la identidad de los asistentes.
Los aguacateros llegaron a la comunidad Las Cruces. Los invitados, unos 300, se encontraron con 150 hombres armados y un presídium al que pronto subieron Nazario Moreno, El Chayo; Jesús Méndez, El Chango; y Servando Gómez, La Tuta.
Llegado el momento de los discursos, uno de los jefes comenzó con un recordatorio sobre la maldad de Los Zetas, la banda rival: Violan mujeres, secuestran, matan niños, ustedes lo saben. Otro explicó que para combatir a ese grupo que atenta contra la seguridad de todos los michoacanos, tenemos que mandar personal desde aquí a otras parte del país. El motivo de la junta era, pues, “pedir una cooperación a ustedes, cada quien sabe cuánto puede, pero si no pueden no hay problema…”
Ahí mismo los productores o sus representantes comenzaron a ponerle números, 500 mil pesos, uno o 2 millones.
Poco antes, los jefes habían aclarado: Para todos ustedes que están aquí, la cooperación es voluntaria. Los que no vinieron van a pagar cuota.
Luego, la fiesta. Porque los jefes habían matado vacas y preparado botellas de güisqui para la ocasión. Yo me eché los tragos nomás del miedo, dijo uno de los asistentes.
El profesor Servando Gómez, egresado, según dicen, de la escuela normal rural de Arteaga, se paseaba entre los asistentes para agradecer la espontánea colaboración. Él es, al parecer, el encargado de las relaciones públicas.
Ha sido, por ejemplo, el comisionado para dar la cara en televisión y ofrecer entrevistas telefónicas. Las apariciones de La Tuta –para pedir un pacto al gobierno federal– son sólo una de las caras del “cártel más mediático”, como le han llamado. Porque La Familia se dio a conocer mediante un manifiesto publicado en periódicos estatales y es frecuente que anuncie sus posturas mediante mantas e incluso volanteo en los cruceros.
Tras el infierno desatado el miércoles 8 pasado, y según informes de la Secretaría de Gobierno estatal, el Instituto Mexicano del Seguro Social suspendió los servicios en tres de sus unidades móviles rurales. Las comunidades fueron El Alcalde, en Apatzingán; Las Cañas, en Arteaga; y en Tumbiscatío, la ranchería Las Cruces.
¿Y qué hacemos?
Para convocar a los alcaldes, los jefes no necesitaron más que unas llamadas.
Una docena de alcaldes, recién electos y acompañados de sus colaboradores, acudieron a finales de 2007 a una junta convocada por La Familia. La cita fue en Nueva Italia.
Los convocados fueron los presidentes municipales de la región de Tierra Caliente, donde el PRI acababa de barrer electoralmente al PRD.
Como en el caso de los aguacateros, estaban ahí los tres jefes. Los trabajos no comenzaron de inmediato porque hacía falta un presidente municipal. No va a venir, dijo alguien. Ahorita viene, respondieron los jefes. Y al rato llegó el ausente.
Diecisiete meses más tarde, la mayoría de esos alcaldes serían apresados en la acción del gobierno que se ha dado en llamar el michoacanazo. Pero en aquel momento se reunieron, cuenta una fuente del gobierno estatal, para que los jefes dieran los nombres de las personas que ocuparían tres posiciones clave en cada uno de los ayuntamientos: finanzas, seguridad pública y obras.
Enterados de la reunión –porque ni siquiera fue clandestina– el entonces gobernador Lázaro Cárdenas y su sucesor ya electo Leonel Godoy fueron a Los Pinos. Aquí se cuenta que le contaron los detalles al Presidente de la República. Y que Felipe Calderón entrecruzó los dedos, se puso las manos bajo la barbilla y dijo a sus paisanos: ¿Y qué hacemos?.
Sacudirse el miedo, unos pudieron y otros no
Desde mediados de 2005, según un recuento del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), han sido asesinados 13 ediles y ex presidentes municipales michoacanos.
La lista la abre Fernando Chávez López, presidente municipal de Buenavista, y la cierra, por ahora, Efraín Gutiérrez Arcos, ex alcalde de Santa Ana Maya, asesinado el 11 de junio pasado.
Hubo otros que no pudieron sacudirse el miedo, como Francisco Estrada García, edil de Nuevo Urecho, quien presentó su renuncia irrevocable en enero de este año, por motivos de salud, aunque aquí todos saben que fue por las amenazas recibidas.
El caso más notable fue, sin embargo, la renuncia de la totalidad de los integrantes del cabildo de Tancítaro, el 4 de diciembre de 2009. En este caso, los funcionarios declararon abiertamente que lo hacían por miedo. Unos días más tarde, el Congreso vota la integración de un concejo municipal. Al frente queda un profesor, Gustavo Sánchez Cervantes, que no pertenece a ningún partido y a quien describen como un hombre que sólo tiene buenas intenciones.
El 27 de septiembre pasado, los cuerpos de Sánchez Cervantes y de su secretario particular, Rafael Equihua, fueron hallados en un camino vecinal. Los habían matado a pedradas.
La tragedia de Tancítaro es su ubicación, pues tiene salidas hacia el Bajío y hacia la Tierra Caliente, y en distintos momentos ha sido, por lo mismo, el punto de choque entre Los Zetas y La Familia Michoacana.
El recuento de los daños
Para hacer el recuento de los daños, la plana mayor del PRD anuncia su visita a esta ciudad. Acá se reunirá con el gobernador Leonel Godoy, quien hoy capotea el enojo del centro por sus declaraciones en torno al uso electoral de la lucha anticrimen.
El secretario de Gobernación, Francisco Blake, es el encargado de los coscorrones. Al final, pese al agarrón privado, Blake y Godoy intercambian cortesías. No es la primera vez que ocurre. La llevada y traída coordinación entre niveles de gobierno se ofrece otra vez, aunque la realidad, terca, diga otra cosa. Si Felipe Calderón es percibido por una parte de los mexicanos como el Presidente valiente que se atrevió a enfrentar a los narcos cuando ningún otro lo había hecho, ¿por qué va a compartir lo que considera su capital político?
Luego de cinco horas de reunión, el funcionario federal asegura que “La Familia Michoacana es una organización debilitada, no sólo por los recursos decomisados sino por la desarticulación de sus principales criminales y mandos operativos”.
Al menos es más cuidadoso que el general Manuel García Ruiz, quien hace casi cuatro años, al frente de la Operación Conjunta Michoacán con la que Felipe Calderón inauguró la guerra contra el narcotráfico, decretara el fin de Los Zetas. Quién sabe por qué en estos días se recuerdan aquí sus palabras: “Si se habla del grupo original de Los Zetas, que trabajó en el noroeste de la República, ya no hay ninguno”.
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