En las más recientes revelaciones del contenido de los cables del Departamento de Estado difundidos por el sitio Wikileaks se da cuenta de la inquietud de la embajada estadunidense en nuestro país por la rivalidad y los conflictos de personalidad y liderazgo entre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, y el ex procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. En los textos se indica que estos conflictos limitaron drásticamente el nivel de cooperación y de intercambio de información entre ambas dependencias, y que ello ha supuesto un lastre adicional a las tareas de seguridad pública en el país.
Las declaraciones del Departamento de Estado confirman, así, un elemento sistemáticamente negado por el gobierno calderonista durante la primera mitad de este sexenio: la existencia de jaloneos y encontronazos entre los titulares de dos dependencias supuestamente consagradas a servir y proteger a la sociedad, elementos que agravan las rivalidades y los conflictos de interés proverbiales que caracterizan, desde hace mucho, la relación entre ellas. Más allá de las expresiones presentadas en los documentos filtrados por Wikileaks, no puede ni debe eludirse que la descoordinación entre ambas dependencias constituye un factor principal de debilidad en la actual estrategia de seguridad pública –que no parece haberse corregido a pesar del cambio en la titularidad de la PGR, en septiembre del año pasado–, representa un pasivo para la actual administración y mina la confianza de la ciudadanía hacia los mandos civiles supuestamente encargados de salvaguardar la legalidad y el estado de derecho en el territorio nacional.
Similares deficiencias y vicios pueden percibirse también en el ámbito militar, sobre todo en el cúmulo de atropellos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas –ya sea contra presunto delincuentes o contra la población en general– como consecuencia de su involucramiento en tareas que les son constitucionalmente ajenas. Significativamente, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos inició una queja de oficio por la violación a las garantías individuales del menor Édgar Jiménez Lugo, El Ponchis, presunto integrante del cártel del Pacífico Sur, quien fue exhibido ante los medios de comunicación por elementos del Ejército Mexicano en una acción irresponsable e inadmisible por partida doble: porque se vulneró el derecho de todo menor a resguardar su identidad, independientemente de su condición jurídica, y porque se le presentó públicamente como culpable cuando lo procedente es entregarlo a las autoridades competentes para que sea juzgado conforme a derecho.
El común denominador de las rivalidades entre la PGR y la SSP, y de la persistencia de prácticas inadmisibles por parte de las fuerzas armadas, es un extravío generalizado en la estrategia de seguridad pública vigente, que afecta a los ámbitos civil y militar y a los tres niveles de gobierno, y profundiza el descrédito de esas instituciones en la opinión pública nacional. Es necesario que el gobierno tome nota de estos vicios y se disponga a corregirlos, no como una forma de quedar bien con las autoridades del vecino país, sino para revertir en alguna medida el sentir generalizado de zozobra y desesperanza en la población como resultado de una estrategia fallida.
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