Operación ¡sálvese quien pueda!-- ERNESTO VILLANUEVA

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando yo pensé que había visto todo en el gobierno del presidente de la República, Felipe Calderón mostró nuevamente el don –que no es fácil– de sorprendernos: nos manda señales de que hay algo peor por venir. Hoy, en los últimos meses de su gobierno y frente a su estrategia fallida contra el crimen organizado, ha puesto en marcha una operación que podría llamarse “¡Sálvese quien pueda!”, bajo un principio que, contrario a la proclama lopezobradorista, podría resumirse en la frase: “Primero los ricos”. Veamos por qué.

Primero. Todos los teóricos del Estado tienen diferencias en muchas cuestiones relacionadas con la distribución del poder y las características de la clase gobernante, pero mantienen una coincidencia fundamental: El Estado debe garantizar que la vida en sociedad sea posible. Conforme a las teorías contractualistas de Rousseau, Hobbes, Locke y muchos más, el acuerdo es que resulta mejor vivir dentro del Estado que sin él porque en este último supuesto habría anarquía. Sin el prerrequisito de la seguridad para ejercer la libertad, lo demás es lo de menos.

Sobre este punto, Gaetano Mosca, en su clásica obra Elementi di Scienza politica, escribe algo que pareciera describir al gobierno de Calderón: “Las clases políticas entran ineludiblemente en decadencia cuando no pueden ejercitar las cualidades por las cuales llegan al poder, y cuando no pueden seguir prestando el servicio social que prestaban y sus cualidades y servicios que prestan pierden toda importancia”. Hoy Calderón parece reconocer (o hace todo por que así se perciba) que su gobierno es incapaz de garantizar la seguridad mínima para que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales. La salida por la que ha optado es gravísima: poner la seguridad pública al mejor postor.

Segundo. En efecto, el Acuerdo 05/2011 del secretario de Seguridad Pública federal no deja lugar a dudas de su propósito. Dicho acuerdo establece: “El Servicio de Protección Federal tiene además, como función inherente a sus actividades, salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en el ámbito de su competencia”. Esta consideración no tendría nada de malo si no fuera por el hecho de que es la motivación para vender protección a quien pueda pagarla.

Hay que recordar que la función de la Secretaría de Seguridad Pública federal es “preservar las libertades, el orden y la paz públicos”. Para tal efecto, cuenta con amplios recursos públicos que se le otorgan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dinero que proviene de los bolsillos de los gobernados. Pero en el citado acuerdo, complementado con el 08/2011, la Secretaría de Seguridad Pública federal ofrece servicios como si de una empresa privada se tratara, pretendiendo ganar por partida doble. Por supuesto, pone a disposición de los particulares recursos públicos para su aprovechamiento personal. Lo mismo ofrece servicios de escolta que pueden ir de mil 465 pesos diarios –es decir, 24 salarios mínimos diarios por cada agente– hasta 2 mil 460, o sea, 41 salarios mínimos. Aún más, para que un particular pueda disponer de un vehículo oficial para su protección, la SSP federal ha creado una tarifa que asciende a casi 3 mil pesos diarios. ¿Usted cree que un profesionista podrá contratar a un agente federal? ¿Qué decir del 99.99% de los mexicanos que tienen derecho a la vida y a la protección de su integridad por mandato constitucional?

Tercero. Por si lo que se ha dicho no fuera suficiente para mostrar cómo se atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos, la SSP federal cobra cuotas fuera del mercado de la contratación de escoltas. La SSP federal le paga al mes 9 mil pesos a un agente, pero esta dependencia le cobra al particular al menos 43 mil 950 pesos por ese elemento. En otras palabras, como si se tratara del más leonino tratante de personas, se lleva una ganancia equivalente a casi el 500%. Sobra decir que ninguna empresa establecida en el marco de la ley podría obtener en México, salvo prueba en contrario, beneficios tan altos.

Además de exhibir el desprecio al estado de derecho que tiene el gobierno del presidente Felipe Calderón, la estrategia comercial es burda por tres razones prácticas: a) quien requiera un escolta lo contrata directamente con elementos que tienen mayores prendas profesionales que los de la SSP, como muchos agentes del Estado Mayor Presidencial o Guardias presidenciales que prefieren trabajar como elementos de protección porque habitualmente esto genera menores riesgos; b) el trato directo le resulta sustancialmente más económico al interesado en tener para sí la protección que el gobierno federal ha reconocido que no le puede ofrecer, y c) tiene de este modo la posibilidad (no la seguridad, por supuesto) de contar con un ingrediente fundamental: la confianza y la lealtad que difícilmente podrá provenir de la SSP federal.

En suma, el gobierno de Calderón es el peor de los mundos: no sólo no garantiza la seguridad, sino que ahora, al final de su mandato, no guarda ni las formas para pretender hacer negocio con el miedo de los gobernados. ¿No tendrían nada qué decir el PRI y el PRD frente a estas prácticas del gobierno federal que muestran el desaseo calderonista?