LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

El 10 de noviembre de 2009, Calderón envió al Senado su proyecto para formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal con particulares para la prestación de todo tipo de obras y servicios, incluidos los prohibidos por la Constitución y no contemplados tampoco en la Ley de Obras Públicas, ni en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos, esta ley incluye la construcción de escuelas oficiales, carreteras, puentes, cárceles, etc. etc.l

Estas asociaciones que en la práctica comenzaron a ejercitarse desde hace más de una década en sectores como el de comunicaciones y transportes con las concesiones y privatización carretera; el de salud, mediante la subrogación de infraestructuras y servicios médicos.

La LAPP argumenta la imperiosa necesidad de que la “iniciativa privada” se convierta en un proveedor de servicios de la Administración Pública Federal, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que representa la ejecución del proyecto, lo que es una falacia, pues el “proveedor privado” no corre ningún riesgo, por ejemplo, si se construye un puente y éste no se entrega a tiempo, se presenta una inflación, una devaluación, o bien quiebra el proveedor, etc., el gobierno es el responsable de cubrir de estos contratiempos.

La LAPP pondera también la figura de expropiación cuando se argumenta “utilidad pública”. La minuta aprobada por los Senadores el pasado mes de diciembre, faculta a los empresarios o “socios” del gobierno a expropiar terrenos o cualquier área para desarrollar un proyecto, a partir de que las autoridades no les otorguen las autorizaciones o permisos respectivos en un plazo de 60 días hábiles. Tales atribuciones son contrarias a los avances que ha habido en materia de participación ciudadana.

Con esto se pretende facilitar las expropiaciones para transferir los bienes al sector privado, incluso sustrayéndolos del inventario de bienes nacionales; tampoco se contempla en la Ley los límites para la inversión extranjera, por lo tanto no hay forma de evaluar las operaciones, ni aplicar sanciones por deficiencias, ni fiscalizar los recursos públicos.

Esto es gravísimo para el erario público, pues las obras que se realicen no están contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sino que se contabilizan como “Gasto Corriente”, como son: “pago de nóminas, compra de equipo, de mobiliario, rentas” por lo que la Auditoría Superior de la Federación no puede auditarlos, lo que significa la corrupción en su máxima expresión.
En términos numéricos, los costos se incrementan porque los créditos que contratan los particulares siempre son a tasas superiores que las que consigue el gobierno, porque el crédito se otorga en razón del riesgo y la deuda de un gobierno siempre es soberana, esto es, cero riesgo, mientras que la de un privado es siempre incierta, por ello sus créditos son a tasas muy altas, y este nivel de interés es el que impactará directamente en los costos.

El caso de la Comisión Federal de Electricidad es quizás el más polémico, aunque Pemex no se queda atrás: las deudas adquiridas vía Pidiregas sirvieron para capitalizar docenas de compañías privadas, en su mayoría extranjeras. Sin una ley todavía sobre las Asociaciones Público Privadas, esta paraestatal tiene ya compromisos pactados de este tipo para prácticamente todas las fases de su producción, y aunque cada día sus pasivos son más abultados, la CFE no ofrece a los usuarios ni mejores servicios ni tarifas más bajas, por el contrario, actualmente es la empresa que acumula más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por “tarifas y cobros excesivos”.

Otro tema muy preocupante respecto al sector energético, es el hecho de que la minuta que aprobaron los Senadores en noviembre pasado , hayan impuesto un veto para que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados no participe en su análisis y discusión con el argumento de que desde la sede del Senado se había excluido este sector de las APP, lo cual es una mentira más, ahí están CFE y PEMEX.

Ahora bien, entre las disposiciones más polémicas de esta ley, destaca que ahora las empresas privadas participarán no como contratistas, subcontratistas o proveedores, sino en sociedades pactadas hasta por 40 años, entendiéndose la sociedad como la transferencia de funciones que les cede el gobierno.

Esta Ley se aplicó en países como Grecia, Irlanda y España, y ha provocado graves conflictos sociales; en México todavía no se ha legalizado oficialmente, pero ya resentimos la falta de empleo, la inflación y el incremento de los energéticos.
Esta medida tomada por Calderón, tiene por finalidad atraerse, una vez más, a los grandes empresarios, quienes se estaban separando del PAN, y que por supuesto están cabildeando para que la misma se apruebe.