Los mexicanos tienen más miedo a la delincuencia hoy que hace un año y creen que en los próximos 12 meses la situación empeorará. Esto, de acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre percepción de inseguridad. En efecto, lo aparente no siempre se corresponde con la realidad -como han argumentado algunos funcionarios- sin embargo, al final, ¿no es eso lo que realmente importa? Por más alentadoras que sean las cifras gubernamentales, si los ciudadanos viven intranquilos, algo en la política de seguridad está fallando.
Los sentimientos de indefensión, agobio y miedo, sean producto de amenazas reales o imaginarias, generan por igual reacciones adversas a la cohesión social: cambios de hábitos, desconfianza en algunas autoridades (policías, militares, etcétera), miedo al "otro", a los diferentes, actitudes a la defensiva.
De ahí que la forma de atacar problemas de percepción no puede fundarse en simples discursos o boletines de optimismo de difícil digestión, sino que requieren ser enfrentados de múltiples maneras.
Ciertamente, hay que detener y juzgar conforme a derecho a los criminales; pero también sacar las drogas de las calles; abatir el número de asesinatos; acabar con las balaceras callejeras, que tanto dañan la tranquilidad de las ciudades que las padecen, esparcen el miedo y multiplican su efecto atemorizante.
Eso, por lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado, porque está también la otra cara del problema, que es la inseguridad pública. Tanto daña la percepción ciudadana sobre inseguridad ver un cadáver tirado en la calle, colgado o decapitado, como el avance sostenido de los delitos aparentemente menores: el robo a casa-habitación, el de automóviles, el que se comete en la vía pública, las extorsiones o los secuestros. Pocas cosas hacen sentir frustrado e impotente a un ciudadano que verse vulnerado en su persona y bienes, sin que obtenga justicia.
Ahí han fallado los tres niveles de gobierno de todo el país, y de todos los colores partidistas. Ante eso, no se le puede pedir a la ciudadanía que confíe en los números de las estadísticas, que nos comparemos con otros países o que cuente el número de criminales asesinados. El Estado es garante de la seguridad y resulta que la sociedad no se siente protegida.
Percepción es realidad y como tal hay que trabajar en la reconstrucción del tejido social fortaleciendo el empleo, los servicios de salud y educación, así como los índices de bienestar de la población, entre ellos, la sensación de protección de parte del Estado.
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