México no es un país exento de apuros económicos y por tanto sus gobernantes tendrían que manejar el gasto público en concordancia con esa realidad. Sus representaciones en el exterior no son la excepción. De hecho, tendrían que ser el ejemplo de la imagen que proyectan hacia dentro y hacia fuera del país.
De las 146 embajadas con que cuenta el país, sólo 39 inmuebles pertenecen al gobierno mexicano, las demás desembolsan alrededor de mil 500 millones de pesos anuales en arrendamientos. Además, de 2006 a 2009, el gobierno federal gastó más de 2 mil 700 millones de pesos en agencias publicitarias para promover la imagen de México en el extranjero y erogó cerca de 305 millones de pesos en el pabellón de la Expo Zaragoza sobre Agua y Ambiente, casi el doble de lo que gastó Japón en el mismo evento.
Punto y aparte es el salario y las prestaciones de los embajadores y otros funcionarios diplomáticos quienes tienen un sueldo promedio de 12 mil dólares al mes. Por si esto no fuera suficiente para llevar una vida decorosa en el extranjero, pueden justificar todo tipo de gastos reembolsables y su residencia es también pagada por el gobierno mexicano.
Se entiende la necesidad de que el país cuente con sedes, servicios y personal de calidad para representar dignamente al país en el extranjero. Están en un error quienes suponen, por ejemplo, que son una pérdida de tiempo y dinero los viajes presidenciales a otros países, ya que sin buenas relaciones exteriores ningún país puede desarrollarse adecuadamente en el actual mundo globalizado. Asimismo, hay millones de mexicanos en el extranjero y no sólo en Estados Unidos, quienes requieren de un servicio adecuado para desempeñar sus actividades.
Ahora bien, calidad y eficiencia no siempre son directamente proporcionales al gasto. Es cierto que es demagogia exigir la desaparición de embajadas en un país con 40 millones de pobres porque parte del desarrollo económico de un país tiene que ver con sus relaciones externas. Sin embargo, no es demagógico exigir austeridad en esas sedes, pues si bien una reducción salarial o el empleo de vehículos usados no representan un ahorro significativo en el total del presupuesto de una nación, sí constituyen poderosos símbolos de congruencia y sensibilidad social.
La austeridad no implica por antonomasia un peor servicio, ni un personal menos calificado. De hecho, quitarle su apariencia opulenta y aristocrática ayudaría a la Cancillería a mejorar la imagen que los mexicanos tienen de las relaciones exteriores, a las que, según las encuestas, suelen ubicar muy por debajo de otras prioridades nacionales. Quitémosle grasa a la diplomacia para darle más músculo.
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