El del empleo, más que cualquier otro imperativo nacional, es el principal problema a resolver en el futuro inmediato en el país. Hasta el tema de la seguridad, que ha sido bandera y tema central de la actual administración, tendría una importante válvula de escape y solución si se crearan de manera masiva puestos de trabajo bien remunerados.
El gobierno federal anunció ayer, en voz del secretario del Trabajo, Javier Lozano, que durante 2010 se crearon más de 730 mil empleos en el país, la cifra más alta en los últimos 14 años. Una buena noticia desde luego. Tal avance, sin embargo, ha de ponderarse a la luz de dos factores adicionales: el tamaño del desempleo acumulado por incorporaciones anuales a la Población Económicamente Activa (PEA) y la cantidad de trabajos de mala calidad —sin prestaciones, con remuneraciones por debajo de los tres salarios mínimos— que conforman este universo de nuevos puestos de trabajo. Frente al rezago acumulado en décadas, incluso las alzas “históricas” son insuficientes.
Hay que añadir además que cada año se suman a la PEA alrededor de un millón de mexicanos, los cuales ya tenían dificultades para encontrar empleo antes de la crisis, aunque también es cierto que éstos no necesariamente buscaron empleo o están inactivos, ya que unos sólo estudian o realizan actividades en la informalidad, aunque su sola incorporación demográfica es preocupante.
Es claro, pues, que las cifras presentadas ayer son positivas y al mismo tiempo insuficientes. ¿Qué hacer ante ello? Se insiste en que la solución plena pasa por la aprobación de una reforma laboral que actualice el marco jurídico a las condiciones del mundo moderno y la nueva oferta laboral. Sin embargo, no debemos hacer de esa herramienta legal el fetiche del que dependa toda la justicia social en el país. Ningún cambio legislativo por sí mismo solucionaría el problema de fondo: la insuficiente generación de riqueza.
Ese pendiente, el de crear nuevos productos y servicios —por tanto empleos— rebasa la capacidad del gobierno federal. Ha de ser a través de la coordinación entre iniciativa privada y sector público —en torno a un mismo plan económico— como se generarán las oportunidades de trabajo.
Idear y coordinar ese esfuerzo es el gran reto en los años por venir, siempre pensando en crear puestos de trabajo permanentes, bien pagados, sin precarización del mismo, con prestaciones sociales suficientes que cumplan con lo que la Constitución establece para que los trabajadores satisfagan sus necesidades más elementales.
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