Si el secuestro implica privación ilegal de la libertad es eso lo que está haciendo el gobierno federal en contra de cientos de ciudadanos mexicanos. Se les detiene ilegalmente, se les acusa ilegalmente, se les procesa ilegalmente y se les encarcela ilegalmente. Son los casos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Por eso ahora el gobierno calderonista anda con la cola entre las patas a causa de este gigantesco ridículo judicial y mediático. Se les advirtió una y otra vez, pero nunca hicieron caso. Pudieron más la soberbia del poder temporal y la arrogancia típica de los nuevos ricos. Esas que impiden dos actos de grandeza tan simples como profundos: me equivoqué y me propongo enmendar.
El problema es que en los casos de estas tres mexicanas otomíes no había equivocación alguna. Desde siempre, todos —gobierno, policías y juez— supieron que no había delito, que se trataba de una venganza en contra de tres alzadas que se les pusieron al brinco. Un escarmiento aterrorizante para que los pinches indios de Mexquititlán y alrededores aprendan a respetar el poder y las pistolas. Por eso nadie con medio gramo de inteligencia puede creer que se tardaron 5 meses en investigar los hechos del tianguis dominical; en cambio ahora cuadra la versión de que en ese lapso fabricaron la acusación escogiendo como víctimas propiciatorias a tres mujeres a las que creyeron poder pisotear y triturar, sin que hubiera la mas mínima consecuencia. Como ocurre con miles de casos similares a lo largo y ancho de este país agraviado.
Por eso, luego de festejar legítimamente la liberación de Alberta y Teresa tenemos todo el legítimo derecho a plantearle al gobierno federal: ¿Qué van a hacer ahora? ¿De verdad creen que es suficiente con reconocer —qué generosos— el fallo de la Corte? No. Contundentemente no. Si algún rasgo de dignidad quieren rescatar de todo este desastre deberán empezar por ofrecer una gran disculpa pública. Luego intentar la reparación del daño a Alberta, Teresa y sus familiares, aunque nada les devolverá los 4 años de vida en que —ellas sí— estuvieron secuestradas. Pero sobre todo, debiera castigarse a los responsables de ese secuestro de estado. Ahí están: Medina Mora, que era procurador cuando aquellos hechos; el juez —con larga cola de corrupto— Rodolfo Pedraza Longi y, por supuesto, los mentirosos y transísimas seis agentes de la AFI Juan Francisco Melo Sánchez, Jorge Evaristo Preda, Luis Eduardo Nache, Antonio Guadalupe Romero, Antonio Bautista y Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas. Sólo entonces se hará justicia.
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