(Valerio Trujano Esq. Hidalgo)
AUMENTO GENERAL DE SALARIOS Y PENSIONES
ELIMINACION DE IMPUESTOS AL CONSUMO POPULAR, (IVA, luz, gasolina , gas) A PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES.
BASTA DE PRIVILEGIOS FISCALES A EMPRESARIOS Y BANQUEROS PARASITOS.
PRESUPUESTO PARA LA SALUD, EDUCACION Y CULTURA DE LOS MEXICANOS.
SALUD, PENSIONES Y VIVIENDA, DERECHOS IRRENUNCIABLES
o Se prepara nuevo atraco. Ahora los servicios de salud.
Cuando los servicios médicos del IMSS, ISSSTE y SSA revientan por la demanda insatisfecha de atención, el reclamo de la falta de medicamentos y la dilación para análisis y atención especializada, el gobierno anuncia la desaparición del seguro médico familiar que excluirá a más de 10 millones de mexicanos del IMSS, de igual manera anuncia su pretensión de incrementar cuotas y transferir los fondos de invalidez, vida y vivienda para fines distintos.
Para evitar que continúe el desmantelamiento de los servicios médicos, las pensiones y vivienda, demandamos al Congreso de la Unión, al Poder Judicial y al Gobierno federal, que el Estado cumpla con su función social y asuma la responsabilidad de la seguridad social y se suspenda la privatización de esta última.
En las comparecencias en la Cámara de Diputados los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit y de la CONSAR. Y en declaraciones entre el 21 y 28 de septiembre, dichos funcionarios señalaron la incapacidad del gobierno federal para cubrir los servicios médicos y el pago de las pensiones, para lo cual plantean la utilización de los fondos de las pensiones por invalidez y muerte para que los servicios médicos puedan funcionar un par de años más. De igual manera plantean utilizar 80% de las aportaciones a la vivienda para financiar las afores para el pago de las pensiones.
Estas medidas ilegales se encaminan a acelerar la mercantilización y subrogación al sector privado de los servicios médicos, y a reducir o eliminar las pensiones por invalidez y muerte al vaciar dichos fondos. También, se pretende despojar el fondo del SAR y el fondo de la vivienda para canalizarlos a las afores. Estas decisiones escalan la campaña contra los jubilados y los nuevos trabajadores. Con la complicidad de legisladores y líderes sindicales, la oligarquía pretende apropiarse de más de 800 mil millones de pesos de los fondos de vivienda
El pasado lunes 21 de septiembre, el presidente de la CONSAR hizo declaraciones muy graves: que la mayoría de los trabajadores no accederán a la pensión mínima garantizada de un salario mínimo; que es necesario incrementar las aportaciones de los trabajadores, y que las afores no son un “negocio espectacular”. El mismo día en Costa Rica el director del IMSS, planteó el “rebalanceo de cuotas”.
En relación con el señalamiento de que las comisiones por 72 mil millones de pesos en 4 años, ¡no son negocio! Estupendo agente bancario resultó el representante gubernamental encargado de la CONSAR, quien no contabilizó el cobro de intereses del préstamo de los fondos de los trabajadores. Si los recursos de más de 1.3 billones de pesos tienen un rendimiento de 10%, los ingresos adicionales de la banca superarán los 130 mil millones de pesos al año.
Finalmente, qué significa el rebalanceo de las cuotas de Daniel Karam. Representa la transferencia de recursos de unos seguros para cubrir los costos de otros. Ya con la nueva ley del ISSSTE, se condicionan derechos a la productividad y a la disponibilidad de recursos, específicamente es la pretensión de utilizar los fondos de vivienda para financiar pensiones, existe una iniciativa de ley del PRIAN que propone transferir 4 o 5% de las cuotas de vivienda para el pago de las pensiones. Esto constituye que los trabajadores reducirán su derecho a la vivienda, y el traspaso de 640 mil millones de pesos de los fondos del INFONAVIT y FOVISSSTE a las AFORES.
Si el gobierno reduce los beneficios a los grandes empresarios y los paraísos fiscales, obtendría los recursos necesarios para cumplir con su obligación de otorgar la protección social a la clase trabajadora y al pueblo de México.
HOY, EN EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN PRETENDEN ELIMINAR EL DERECHO AL EMPLEO DIGNO, ELIMINAR LOS CONTRATOS Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, PRETENDEN ELIMINAR EL DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL Y COMBATEN LA ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA E INDEPENDIENTE
La crisis de las reformas al IMSS e ISSSTE se manifiesta con el anuncio de la SHCP de la inviabilidad de pago de las pensiones por el Estado. Efectivamente, la declaración gubernamental, y del PRIAN, de que no se cuenta con dinero para pagar las jubilaciones, evidencia que las reformas de 1995 y 2007 no han servido para sanear las finanzas públicas, como tampoco para que los fondos se invirtieran productivamente para generar empleo y mejorar las pensiones. Promesas que justificaron las reformas promovidas por la banca nacional e internacional, y desarrolladas por el gobierno, los legisladores y líderes sindicales charros.
Las reformas, lejos de mejorar pensiones, servicios médicos y derechos sociales de los mexicanos, propician que la seguridad social pública se contraiga y excluya a cerca de 30 millones de trabajadores que carecen de la protección laboral constitucional; además, generan una monstruosa transferencia del ahorro laboral a la banca trasnacional que supera los 2 billones de pesos. Las reformas han significado un grave daño a los trabajadores y al país.
Al inicio del año centenario de la Revolución Mexicana, el gobierno panista inició una nueva ofensiva contra los jubilados con la aplicación general del Impuesto Sobre la Renta a las pensiones; los ministros de la Corte la llevaron hasta la reducción del monto de las pensiones. Mientras, los legisladores guardan silencio cómplice con los fraudes en las afores, el manejo especulativo de los fondos del SAR y de Vivienda, el incumplimiento de la legislación laboral y la protección social del trabajo. Con esta nueva ofensiva, se genera una doble tributación al trabajador en retiro, y se beneficia a los patrones con la devolución de las aportaciones a la seguridad social que supera los 90 mil millones de pesos, cantidad que representa el doble de la aportación gubernamental al IMSS.
La campaña que responsabiliza de la crisis financiera a los pagos de las pensiones, así como la simulación del combate a la industria del narcotráfico, ocultan el incremento sistemático de los precios de consumo popular y las gasolinas; el aumento de impuestos y la carestía que provoca el incremento de los servicios públicos, especialmente en el sector educativo y salud, en el agua y electricidad. Asimismo, tiende una cortina de humo para la extensión del trabajo precario, la miseria y la violencia que le siguen, más la corrupción que genera multimillonarios, cuya lista mundial la encabeza Carlos Slim…
El negocio de las pensiones en el sector público fue rechazado por la inmensa mayoría de los empleados públicos; 84%, optó por el régimen de beneficios definidos, quienes con las resoluciones que se lograron en la Corte aseguran los derechos adquiridos en las jubilaciones. La movilización generalizada de los trabajadores al servicio del Estado, rebasó a los líderes charros y democráticos-claudicantes que simularon la defensa de la seguridad social y colaboran con el desmantelamiento de la seguridad social y la precarización del trabajo. Por migajas se convirtieron en sátrapas al servicio de la explotación patronal y el desmantelamiento de las instituciones públicas.
LA CRISIS NEGOCIO DE EMPRESARIOS, SACRIFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LA RIQUEZA
La seguridad social es víctima de la reducción de salarios y del empleo precario violatorio de la legislación laboral vigente. Dado que los ingresos de la seguridad social dependen del salario y su depreciación supera 66%, los ingresos de las instituciones de seguridad social se reducen a la tercera parte. Tal es el caso del IMSS que obtiene ingresos corrientes por 225 mil millones, en lugar de obtener más de 600 mil millones de pesos. Las instituciones además son afectadas por la exclusión de la seguridad social de más de 28 millones de trabajadores precarios, lo que significa la pérdida de dos veces el monto de lo que se recibe anualmente.
Las afores, en 12 años concentran más de 1.3 billones de pesos, mientras que el IMSS anuncia que en 2 años no contará con recursos para pagar pensiones.
La seguridad social es victima de la corrupción gubernamental y del incumplimiento de sus aportaciones a la seguridad social, que en el caso de los servicios médicos de los jubilados no han cubierto las cuotas desde 1997 en el IMSS y desde 2007 para el ISSSTE.
.El reconocimiento de que las reformas a la seguridad social no han resuelto los problemas de la ampliación de la cobertura, de la calidad de los servicios y de financiamiento, lo manipulan preparando el terreno para sustituir las jubilaciones como protección del trabajo por pensiones alimentarias de asistencia social, y promueven el ahorro para obtener un complemento económico; es, sin lugar a dudas, la ampliación del negocio de las afores.
En México sí hay riqueza, sí hay dinero, el problema es la inmoral concentración de la riqueza en unas cuantas familias. En plena crisis económica se lucra con derechos sociales, además de la apropiación desmedida del producto del trabajo de los mexicanos, donde la inmensa mayoría son excluidos de los beneficios de la producción de bienes y servicios
El gobierno, con la complicidad de los legisladores —con algunas dignas excepciones— exprime a trabajadores y ataca a jubilados y al pueblo en general, quienes sufren el deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo por la carestía derivada del incremento de impuestos y el precio de energéticos; y por la voracidad empresarial.
El ataque a los contratos colectivos de trabajo y la reforma a la seguridad social han sido el gran negocio del siglo XXI, pasando por encima del 123 de la Constitución y la legislación laboral.
Demandamos transparentar el manejo de los fondos de pensiones, particularmente de los fondos administrados por las AFORES, de las jubilaciones y el retiro, así como acabar con el despojo y la corrupción del manejo de los fondos de vivienda del INFONAVIT y el FOVISSSTE.
Solicitamos al Congreso el incremento a los jubilados con base en el aumento global de los activos, así como la cancelación de la subrogación al sector privado de servicios de la seguridad social.
A partir del 23 de septiembre, iniciamos la campaña en defensa de las jubilaciones, el trabajo digno y la democracia sindical, que tiene como objetivo la eliminación de los impuestos a las jubilaciones y al consumo; la recuperación de la capacidad adquisitiva de jubilaciones y de los salarios, y la regularización del empleo precario. Esta jornada implica una amplia movilización el 26 de octubre, y la instalación de un plantón informativo ante el Congreso, para presionar a los legisladores a cumplir con su obligación de consultar y representar a la sociedad y no a los dueños del dinero.
Esta campaña demanda la nacionalización de las AFORES y la reducción del gasto en deuda pública, suprimir los inmensos subsidios al gran capital y la entrega de la riqueza a las transnacionales; acciones que restan ingresos al Estado para cumplir con su obligación de protección social del trabajo, fuente de la riqueza nacional.
¡SÍ HAY DINERO PARA PAGAR PENSIONES, SERVICIOS MÉDICOS Y VIVIENDA!
¡RESPETO AL TRABAJO DIGNO Y A LA LEGISLACIÓN LABORAL!
¡POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA E INDEPENDIENTE!
Con base en las anteriores consideraciones llamamos a los trabajadores activos, Jubilados, precarios, a las organizaciones y movimientos democraticos a participar en esta jornada de lucha con las siguientes demandas:
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1. Recuperación del régimen publico, solidario, integral y redistributivo de la seguridad social establecido en la Constitución y legislación laboral.
2. Aumento general a jubilaciones y salarios. Eliminación de impuestos al consumo y de los privilegios fiscales a los grandes capitales.
3. Cobertura de la seguridad social a todos los trabajadores. Basificación y regularización de la planta laboral
4. Nacionalización de las afores y del Banco de la Seguridad Social.
5. Representación de jubilados y pensionados en los órganos de gobierno de las instituciones de seguridad social y en el Congreso.
6. Mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, de la Educación, la cultura y el deporte
7. Auditoría a las instituciones de seguridad social, y a las afores. Auditoría al manejo de los fondos de salud, pensiones y vivienda.
8. Cumplimiento de obligación del estado pago de servicios médicos de jubilados.
9. Producción estatal de vacunas, medicamentos y vivienda.
10. Nacionalización y Recuperación de los fondos de la seguridad social de AFORES Y BANCA.
JUBILACIONES DIGNAS
1. Aumento a jubilaciones con base al incremento global de los activos
2. Jubilación con salario integrado.
3. Rechazo a los impuestos a jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales,
4. Cancelación de impuestos a jubilaciones y prestaciones sociales.
5. Aguinaldo para jubilados y pensionados igual al de los activos.
6. Pensión mínima garantizada de cuatro salarios mínimos.
7. Eliminación de requisitos de servicio para otorgar la jubilación. Pensión proporcional a la cotización.
8. Reconocimiento de los años de servicio. Aportaciones voluntarias.
9. Revaloración y nivelación de pensiones en función de los puestos de trabajo que se tengan al momento de la jubilación.
SERVICIOS MÉDICOS.
Humanización, democratización y profesionalización de los servicios.
2. Cumplimiento de aportaciones de servicios médicos para jubilados y pensionados.
3. Cobertura del personal, de medicamentos y del equipo necesario.
4. No a la subrogación de servicios médicos, tratamientos y diagnósticos ni guarderías.
5. Producción estatal de medicinas y vacunas.
6. Funcionamiento de las unidades de salud, sábados, domingos y días festivos.
7. Campañas preventivas, control sanitario.
8. Análisis del modelo se salud y desarrollo de políticas de atención a los adultos mayores. Gerontología y geriatría.
VIVIENDA, DERECHO DE TODOS
1. No a la privatización y burzatilización de los fondos de vivienda
2. Producción social y estatal de la vivienda.
3. Créditos suficientes para vivienda digna.
4. Control de los precios de la vivienda social.
5. Dimensiones dignas de vivienda.
PLAN DE ACCION
ü Campaña de firmas.
ü Movilización al Senado el 26 de octubre.
ü Plantón en el Congreso.
ü Asistencia a las comisiones de salud, seguridad social, vivienda, trabajo y del Congreso
ü Foro sobre presupuesto para el desarrollo económico y social, y la soberanía nacional.
ü Acto político el 20 de noviembre. Por la nueva revolución para la revaloración del trabajo y la reconstrucción nacional.
ü Brigadeo en Hacienda, Consar, Fovissste y Condusef.
ü Asamblea el 23 de octubre. 10 hrs.
ALIANZA DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y EMPLEADOS PÚBLICOS
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