Un informe elaborado por el Banco de México arroja datos cuando menos inquietantes sobre el creciente peso que la banca comercial privada ha adquirido entre las fuentes de financiamiento del gobierno federal. De acuerdo con el documento, entre noviembre de 2009 y noviembre de 2010, ese sector le otorgó a la actual administración créditos por un monto de 232 mil 800 millones de pesos, cifra que triplica lo adjudicado al sector productivo privado en el mismo periodo –87 mil 500 millones de pesos– y que representa un incremento de 73 por ciento respecto del año anterior.
En primer término, las cifras referidas ponen en perspectiva la persistencia en el sometimiento financiero del país respecto de agentes externos, ya sean organismos financieros internacionales –que en meses recientes han otorgado y ampliado líneas de crédito para México– o de los bancos privados que operan en el territorio, la mayoría de los cuales son filiales de corporaciones extranjeras. Dicha persistencia no es una buena noticia para el país y su población: debe recordarse que el otorgamiento de créditos por instancias como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de conllevar endeudamiento público y sacrificio para las mayorías, ha sido el vehículo para imponer, en México y en otros países, una preceptiva neoliberal que redunda en pérdida de soberanía monetaria y económica y en desequilibrios sociales, que, para colmo, fue la causante de los desbarajustes financieros y económicos recientes en el plano internacional.
En el caso de los bancos privados, es claro que el otorgamiento de créditos al gobierno federal redunda, ante todo, en una gran oportunidad de negocio por vía del cobro de cuantiosas tasas de interés. Lo anterior hace inevitable recordar el historial de privilegios de que ha gozado el sector bancario en el pasado reciente: privatizadas durante el gobierno de Salinas de Gortari, quebradas y rescatadas con dinero público un sexenio después y actualmente en propiedad de consorcios internacionales, las instituciones bancarias que operan en México disfrutan de condiciones de negocio mucho más ventajosas que las que tienen en sus países de origen, las cuales derivan de la renuencia de las autoridades correspondientes a emprender las medidas de regulación necesarias y de protección de los usuarios de esos servicios. Con tales antecedentes, no es ocioso preguntarse si la creciente contratación de créditos con la banca comercial obedece en sentido estricto a las necesidades de financiamiento del gobierno, o si sigue la línea de procurar oportunidades de ganancia para esas instituciones, así sea en detrimento de las arcas públicas.
Por otra parte, la conocida falta de transparencia con que las presidencias priístas y panistas han manejado los recursos públicos –tanto los obtenidos del endeudamiento interno y externo, como los que se originaron de los recursos petroleros durante el foxismo– hace inevitable sospechar que los montos obtenidos por el gobierno de préstamos como los referidos son empleados para beneficio de la población o si terminan engrosando fortunas privadas por la vía de la corrupción y los intercambios de favores.
Desde un punto de vista más general, no puede omitirse que el incremento en el crédito otorgado al gobierno por bancos privados ocurre en un contexto de crecimiento de la deuda del sector público, que se ha más que duplicado en los cuatro años de la actual administración y se ubica actualmente en una tercera parte del PIB. Aunque las autoridades señalen que ese indicador se mantiene en niveles de los más bajos del mundo, lo cierto es que un incremento tan notable no puede ser visto, de manera acrítica, como un síntoma de salud económica y financiera en el país.
Por el contrario, la circunstancia descrita pone en relieve la necesidad de que el gobierno federal obtenga los recursos que necesita de donde los obtienen la mayoría de los países modernos: del cobro de impuestos a las grandes empresas, a los propietarios de las grandes fortunas y a los grandes capitales; y que se avenga a cancelar los injustificables e indignantes gastos suntuarios y los ingresos inmoralmente elevados que se otorgan las cúpulas institucionales.
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