Ahora, para transportarse en autobús dentro del área metropolitana de Monterrey y municipios aledaños, hay que poseer una sofisticada tarjeta con un chip integrado y código de barras, impuesta por las autoridades del estado de Nuevo León y poderosos empresarios locales, siempre en búsqueda de más ganancias, así sea a costa de los usuarios de menores recursos.
En contra de la opinión popular que la rechaza, la plutocracia regiomontana impone, otra vez, su voluntad a la gente con la bautizada por algún genio de la publicidad como tarjeta feria, como obligatoria para usar autobuses de transporte público en el área de la gran metrópoli alrededor de la capital del estado.
Se trata de una tarjeta con valor de 20 pesos, que deberán cubrir, no quienes se benefician con ella, que son los empresarios del transporte, sino los perjudicados, los usuarios, que para transportarse por las cada vez más congestionadas calles de Monterrey, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás y otras zonas de la urbe, no tendrán más remedio que adquirirla. Todo para enriquecer aún más a los de arriba, empobreciendo un poco más a los modestos usuarios de clase media para abajo, necesitados del transporte público concesionado.
Una familia promedio –padre, madre y tres hijos– tendrá que pagar más de dos salarios mínimos para adquirir la repudiada tarjeta; ya enganchados, para poder usarla, deben incorporarle, como a las tarjetas de teléfono, su tiempo aire, que en este caso es tiempo viaje. Esto es, con la tarjeta feria los marginados financiarán a los ricos, pagando hoy por adelantado los viajes que eventualmente harán en el futuro, siempre y cuando nada especial suceda entre el pago efectuado y la transportación esperada.
Antes de que la tarjeta se impusiera, el costo de un viaje urbano era de 7 pesos con 50 centavos por adulto y 4 pesos 50 centavos niños, personas de la tercera edad y estudiantes con credencial; hoy, con la novedad tecnológica, todos pagarán 7 pesos por viaje, más el valor inicial del plástico individualizado, que ahora tendrán que aportar hasta los niños de primaria para transportarse al costo que podemos denominar normal; sin tarjeta, a cualquiera le costará 10 pesos cada traslado.
Con la repudiada tarjeta, se pone fin a los pagos diferenciados, que constituían un principio de distribución de la riqueza y respondía a un intento de establecer bases de justicia que es precisamente tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Hoy pagarán parejo, adultos y niños, estudiantes y ancianos; en conjunto, se trata de un incremento que se ensaña con los más débiles entre los pobres. En lugar de avanzar en la justicia social, en Nuevo León se retrocede.
Pero no sólo estamos ante una injusticia y un abuso, sino ante un daño colateral que consiste en el enfrentamiento diario entre usuarios y choferes de las líneas de transporte, obligados a imponer la nueva tarifa, sacando la cara por sus patrones, que urdieron la arbitrariedad. Pero hay más detrás de esta maniobra política y financiera: por un lado, evidencia el ya sabido contubernio entre gobernantes del PRI y del PAN, y los empresarios más aprovechados de la necesidad que tiene la gente de servicios públicos.
Por otro, es signo de codicia; una empresa privada, Enlaces Inteligentes elabora y vende las tarjetas, los concesionarios de las rutas de autobuses se benefician con las nuevas tarifas y las tiendas Oxxo, del poderoso grupo Femsa, se encargan de vender la carga electromagnética que permitirá el uso del plástico. Todo un contubernio de poderosos para incrementar sus ingresos.
Mas no todo para ahí: la maniobra tiene un trasfondo oscuro que da en qué pensar. Para adquirir la famosa tarjeta, individual e intransferible, los usuarios potenciales, deben presentar su credencial de elector a la que se le toma una fotostática y hay que proporcionar también otros datos personales, que nada tienen que ver con el contrato de servicio de transportación que celebran.
Con el chip integrado cada viaje del usuario puede ser registrado y el control sobre las personas se afina, en congruencia con el estado policiaco que se pretende imponer en México a toda costa.
Los ciudadanos, que no son tontos, están justamente preocupados por el uso de la información personal que tienen que proporcionar y justamente indignados por el alza tramposa del pasaje, pues un porcentaje muy alto de usuarios son precisamente niños, ancianos y estudiantes.
La indignación se ha expresado en manifestaciones públicas bien acotadas y escoltadas por la policía, pero también se ha hecho patente en reclamos directos en los camiones; hay ciudadanos que han gritado ¡rateros! cuando los obligan a pagar 10 pesos en lugar de los 7 anteriores y se han dado casos de estudiantes que suben en grupo exigiendo el servicio con la tarifa especial que antes los beneficiaba precisamente en atención a su calidad de jóvenes en proceso de preparación.
Por supuesto, estos malos ratos no los pasan los potentados que idearon el abusivo sistema, sino sus sufridos choferes, que además de conducir el vehículo, con todos los riesgos que esto implica, ahora tienen que hacerla de cobradores y de pararrayos de los reclamos e insultos que no son para ellos, sino para quienes los contratan por un sueldo muy cercano al mínimo.
En resumen, otra vez, las mafias que controlan este país, para beneficiarse, hacen que los pobres se enfrenten unos a otros.
Mal momento para la miope e impopular imposición; las elecciones federales se acercan, la crisis se incrementa, el desempleo crece, la angustia de la gente se torna en desesperación mientras políticos y financieros hacen sus cuentas alegres en sus gabinetes y despachos, sin percatarse de lo que se agita bajo sus pies.
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